Nuestra historia
Carlos Alberto Torres e Isabel Bejarano
No pertenecemos ni hemos pertenecido jamás a ningún partido político, ni comulgado con ninguna ideología , ni integrado ningún grupo sectario y en toda nuestra larga trayectoria carecemos de ningún antecedente con la justicia. ¿Quién puede explicarse que en poco más de un año en Logroño, a donde fuimos a comprometer nuestro esfuerzo y nuestro capital, nos hayan generado cerca de cuarenta causas judiciales de todo tipo? El procedimiento de desahucio Nº 132-E/2001 incoado por Miguel Abad Val (DNI 16.509.157-X titular de la asesoría Abad y Blanco, hijo del propietario del local que arrendábamos, José Abad Pereda) en el Juzgado de Primera Instancia Nº6 de Logroño, cuya jueza titular, Isabel González Fernández, era a la vez jueza decana, cargo que continua ejerciendo al día de hoy (por real decreto 109/1998 de 23 de enero); es la representación de la más execrable villanía y escandalosa crueldad al apoderarse ilegítimamente Miguel Abad Val, de todo nuestro floreciente negocio (del que se sigue beneficiando hoy en día) pudiendo saciar así su voraz codicia, apoderándose también impunemente de objetos personales irrecuperables para nosotros cuyo valor no puede ser mensurado, fotografías antiguas de nuestros nueve hijos, libros únicos, diplomas, documentación privada y del negocio, música ineditable, etc, etc... con total connivencia y complicidad de los funcionarios intervinientes del juzgado y de distintos actores.
Este infame proceder se llevó a cabo con total premeditación y alevosía ya que no nos encontrábamos físicamente en Logroño debido a las circunstancias que comprometían nuestra seguridad y libertad, como denunciamos ante el cónsul Luis Alberto Troisi y ante los juzgados de Logroño sin que ninguna de nuestras denuncias prosperaran. La presión y el acoso que vivíamos generó tanto terror en nosotros que comprometió seriamente la vida de nuestro hijo aún por nacer, por lo que el derecho a la vida y la integridad física, a la seguridad con total desprecio a la condición humana, fueron violados por todos los actores intervinientes que transgredieron el principio más sagrado, que es el derecho a la vida, ya que la vida misma, máxime una vida latente en un vientre materno, en este caso la de Excalibur, es de carácter sagrado y nadie puede arrogarse ninguna potestad ni facultad siquiera para dañarla. Este derecho, dentro de los derechos humanos, tiene un valor primigenio configurando una suprajerarquía por encima de cualquier estado o nación conllevando entidad propia de obligada observancia y obligado cumplimiento por los estados que hayan adquirido el compromiso irrenunciable de valorarlo, tutelarlo y defenderlo al constituirse en una sociedad jurídicamente organizada.
De este procedimiento obra copia certificada en nuestro poder, enviada por la secretaria de dicho juzgado, Fabiola Llorente Llorente, el 22 de mayo de 2006 y que es la prueba incontestable e irrefutable de como los jueces a través de sus actuaciones pueden destruir de por vida a un grupo familiar decretando su muerte civil que lleva, dado el estado de la realidad social de España, al genocidio de muerte lenta.
Nosotros para encontrar una respuesta racional tuvimos que apelar a uno de los mejores tratados del ya mencionado psicólogo Philip Zimbardo, "El efecto Lucifer - El porqué de la maldad", donde encontramos las pautas de conducta del poder sistémico que como un verdadero leviatán determinó nuestra vida.
La oscura trama de espurios intereses de personajes particulares aliados a la administración, conjuntados a través del ejercicio de un poder omnímodo que determina el propio futuro de las personas, convirtiéndose en una maquinaría infernal en pro de la destrucción de quienes se enfrentan a él.
La pesadilla que nos ha tocado vivir ha sido posible por el más absoluto incumplimiento de la normativa constitucional vigente en el Estado español por parte de los que deberían haber estado sujetos al cumplimiento insoslayable de esta norma fundamental.
En nuestro caso el preámbulo, los artículos 10 (.1,.2), 15, 17, 18, 24 (.1,.2),39 (.1,.2,.4), 43 (.1), 53 (.1) y más, se convirtieron en mero papel mojado dando lugar así a esta flagrante violación de derechos humanos y de los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Las palabras del jefe de gabinete de la Delegación de Gobierno en La Rioja, José Ramón Fernández Ibáñez, son fiel testimonio de lo antedicho, cuando encontrándonos en sede consular Argentina en Madrid el día 29 de octubre de 2001, espetó vía telefónica al cónsul general Luis Alberto Troisi, "Esta familia no tiene ninguna garantía jurídica en La Rioja", amén de otras consideraciones gravosas para nuestras personas; no son más que la corroboración de la indefensión, el desamparo y la persecución que estábamos denunciando en sede consular ante su máxima autoridad y que aun hoy, casi ocho años después, tienen plena vigencia; al recibir desde Logroño el día 5 de enero de 2009 dos citaciones que nos llamaban a declarar como imputados en un procedimiento iniciado el 25 de octubre de 2001 con el Nº 845/2001 en el Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Logroño y a pesar de que el propio juzgado decano el 15 de mayo de 2008 certifica que no aparece en su base de datos ninguna causa pendiente contra nosotros, se reabre la causa en el Juzgado de Instrucción Nº3 con el Nº 3102/2008 el 26 de diciembre de 2008. Las fotocopias de este procedimiento que la propia jueza actuante se niega a certificarnos, Olga Ruiz Madrona, muestran desde su inicio el dislate jurídico que conllevaría a una nulidad de pleno derecho de esta actuaciones y lo que realmente desnudan es el ensañamiento más feroz que se cierne sobre nuestras personas convirtiendo las palabras que vertiera el jefe del gabinete de la Delegación de Gobierno de La Rioja en un verdadero estigma para nuestros hijos y para nosotros.
¿Quién restaña tanto dolor, el miedo y el terror producido en nuestros hijos?... ¿Quién les devuelve el futuro cercenado por la decisión de unos jueces?... ¿Quién exige responsabilidades a Juan Fernando López Aguilar, actual eurodiputado y a Luis López Guerra, actual juez en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuando hicieron caso omiso a nuestros requerimientos y denuncias siendo Ministro de Justicia y Secretario de Estado de Justicia respectivamente?... ¿Qué tribunal en el mundo se declara competente aplicando el Principio de Justicia Universal para juzgar a los responsables de tanta barbarie?
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, en su tratado "Derechos Torcidos" pregunta: "¿Quién comparece ante el parlamento o ante un tribunal por no respetar el derecho a un trabajo, a una vivienda, de tanta gente?... ¿Qué tribunal juzga a los responsables de la pobreza?" Estas preguntas también tienen plena validez en nuestro caso, por eso las lanzamos al mundo para que los hombres comprometidos con la VERDADERA JUSTICIA asuman su respuesta.
Como colofón que mejor que acudir a las palabras del profesor Zimbardo que siempre actúan como savia regeneradora para devolvernos la esperanza cuando dice: "Así pues, el mensaje de despedida con el que podríamos poner fin a nuestro largo viaje de ida y vuelta al corazón de las tinieblas es que deberíamos celebrar los actos heroicos, y a las personas que los realizan, porque establecen unos lazos que reafirman la conexión humana. El mal que aún habita entre nosotros será contrarrestado, y al final vencido, por el bien superior del corazón colectivo y la determinación heroica de cada hombre y cada mujer. Y esto no es un concepto abstracto porque, como nos recuerda Aleksandr Solzhenitsyn, poeta ruso y antiguo prisionero del gulag de Stalin: <<[...] la línea que divide el bien del mal atraviesa el corazón de cada ser humano. Y ¿quién quiere destruir una parte de su propio corazón?>>
Nuestra historia
En este vídeo explicamos también nuestra historia. Si tiene interés en verlo y dificultad en escuchar correctamente nuestra voz, puede descargar desde aquí el texto de lo que explicamos en el vídeo.